EE. UU. prometió defender la democracia en Centroamérica. Los líderes de la región tenían otros planes

CIUDAD DE GUATEMALA — De pie en el Palacio Nacional de Guatemala en junio pasado, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció un quiebre dramático con el enfoque del expresidente Donald Trump a la migración indocumentada. En lugar de construir muros y deportar menores, Estados Unidos se concentraría en reducir la corrupción y la impunidad en Centroamérica, al brindar a los cientos de miles de migrantes que abandonan la región cada año motivos para quedarse.

Quienes apoyaran el Estado de derecho recibirían miles de millones de dólares en inversiones estadounidenses. Quienes lo trastocaran sentirían el peso de la ley estadounidense.

“Si vamos a ser efectivos, si vamos a ser fieles a nuestros principios, debemos extirpar la corrupción donde sea que exista”, dijo Harris junto al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. “Esa es una de nuestras mayores prioridades”.

Pero un año más tarde, Centroamérica se ha posicionado como uno de los reveses más importantes para el gobierno de Joe Biden en materia de política exterior. Muchos países se han sumido más en el autoritarismo y la pobreza y han enviado a la frontera sur de EE. UU. migrantes en cifras récord, lo que ha dejado a las frágiles democracias de la región en su peor situación desde la Guerra Fría, según exdiplomáticos estadounidenses y líderes de la sociedad civil.

En Guatemala, el país más poblado de Centroamérica, Giammattei ha desmantelado metódicamente los últimos vestigios de instituciones independientes. Uno a uno, su gobierno ha encarcelado, exiliado o acallado a las mismas personas que Estados Unidos dijo que apuntalarían sus esfuerzos para que Guatemala fuera una sociedad más justa y, al fin, más habitable: jueces independientes, fiscales, periodistas y activistas de derechos humanos.

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega en el último año ha encarcelado o forzado al exilio a prácticamente todas las voces disidentes, convirtiendo al país en un Estado totalitario. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se ha valido de una campaña de mano dura contra las pandillas para reprimir la libre expresión, anunció el jueves que buscará un segundo mandato en las próximas elecciones a pesar de la prohibición explícita de reelección de la Constitución salvadoreña.

E incluso en la democracia más sólida de la región, Costa Rica, el nuevo presidente, Rodrigo Chaves, ha lanzado ataques inéditos contra los periodistas que investigan acusaciones de acoso sexual y mala praxis financiera, tildándolos de “ratas” y usar el poder ejecutivo para dejar a sus medios sin ingresos.

“Todo lo que Estados Unidos ha hecho para crear infraestructura para estabilizar y mejorar la región no funciona, no tiene el resultado”, dijo Manfredo Marroquín, líder de Acción Ciudadana, un grupo anticorrupción guatemalteco y uno de los pocos líderes de la sociedad civil que permanecen en el país. “Fue un bluff”.

Si bien la desigualdad y la pobreza crónicas, profundizadas por la pandemia y la inflación global, son los principales impulsores de la migración centroamericana, al éxodo también contribuyen la impunidad y corrupción que empeoran las condiciones de vida.

En Guatemala, jueces y fiscales que investigaban casos de corrupción que involucraban al presidente huyeron del país para evitar ser arrestados, a pesar de las solicitudes de Washington para que sus puestos fueran protegidos. El líder del principal medio de comunicación independiente de Guatemala, elPeriódico, que cubrió a profundidad esos casos, fue encarcelado en julio, acusado de lavado de dinero.

Y los nombramientos de Giammattei para fiscala general y líder de la unidad de anticorrupción de la fiscalía, que Harris había anunciado trabajarían con autoridades estadounidenses para investigar casos de corrupción, han sido proscritos de Estados Unidos por socavar las investigaciones en torno a la corrupción.

A pesar del énfasis del gobierno de Biden en reducir la migración procedente de Centroamérica, la gente aún se dirige al norte en grandes cantidades.

La Patrulla Fronteriza registró más de 600.000 aprehensiones de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses —los cuatro grupos principales de migrantes centroamericanos— en los primeros 10 meses de este año fiscal, cifra que representa un incremento del 4 por ciento para el mismo periodo en 2019.

Las cifras han aumentado incluso cuando el gobierno de Biden ha mantenido algunos de los acuerdos de la era de Trump con los líderes centroamericanos a fin de controlar la migración. El gobierno de Guatemala acepta vuelos semanales de deportación procedentes de Estados Unidos y en gran medida disuelve las caravanas migrantes en sus fronteras.

La falta de disposición del gobierno de Biden para aplicar más presiones a gobiernos cada vez más autocráticos en parte es motivada por el deseo de preservar sus políticas migratorias y de seguridad en Centroamérica, indicaron exfuncionarios estadounidenses y líderes de la sociedad civil.

“El cálculo político es cooperación migratoria en cambio de autocensura de crítica”, comentó Claudia Samayoa, una destacada defensora guatemalteca de los derechos humanos.

Funcionarios estadounidenses y algunas personas cercanas al gobierno dicen que el impulso a favor de la democracia en Centroamérica es una tarea a largo plazo y que la ola autoritaria muestra que los funcionarios corruptos se sienten amenazados por las políticas de Washington.

“Reconocemos que estamos tratando con desafíos profundos y arraigados que existieron durante siglos”, dijo Ricardo Zúniga, alto funcionario en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. “Es un proceso; comprendemos que estas son condiciones que no van a cambiar de la noche a la mañana”.

Washington, insistieron los funcionarios de Biden, puede saltarse a los gobiernos corruptos y colaborar con el sector privado, la sociedad civil y los funcionarios honestos en el poder judicial y en los congresos para impulsar la democracia.

“Hay formas de hallar actores en todos los gobiernos actuales que están dispuestos a hacer lo correcto”, dijo Todd Robinson, secretario adjunto de Estado y exembajador de Estados Unidos en Guatemala.

Robinson reconoció que la doble prioridad del gobierno de EE. UU. —controlar la migración y apoyar la democracia— pueden chocar, pero dijo que Washington puede trabajar en ambos objetivos simultánea y efectivamente.

“Existe tensión, pero eso es parte de ser un gobierno grande”, dijo.

Funcionarios del gobierno han enfatizado cada vez más los esfuerzos para impulsar la inversión privada a Centroamérica, otra medida de la política de Washington para enfrentar la migración y comentan que han conseguido promesas por 3200 millones de dólares en inversiones para la región.

Que se minimicen las expectativas de este modo contrasta drásticamente con el discurso enérgico que los funcionarios de Biden empleaban a principios de su mandato.

“La gente yo creo que se tiene que dar cuenta que los cuatro años de ignorar la corrupción bajo la administración Trump se acabaron”, dijo Juan Gonzalez, principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, en enero de 2021 al periódico guatemalteco La Hora.

“El líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos”, le dijo en una entrevista por separado al medio salvadoreño El Faro.

Los presidentes de Guatemala, El Salvador y Nicaragua han respondido a la búsqueda de aliados locales de Washington acelerando los ataques a las instituciones democráticas dentro de sus países.

Los fundadores de La Hora han sido interrogados por fiscales favorables al gobierno por, supuestamente, haber revelado información clasificada. Cinco periodistas de El Faro han tenido que salir de El Salvador por temor a ser enjuiciados.

El gobierno de Biden ha cancelado las visas de más de 60 funcionarios públicos y empresarios de Centroamérica por socavar la democracia y ha expresado apoyo en público por los líderes cívicos que enfrentan persecución.

Pero los diplomáticos y los líderes de la sociedad civil han dicho que la respuesta del gobierno estadounidense ha sido débil y solo ha envalentonado a los autócratas.

“Las sanciones que son a medias, son tibias, no son efectivas,” dijo Edgar Gutiérrez, analista político guatemalteco.

En mayo, Giammattei renovó el nombramiento de María Consuelo Porras como fiscala general, quien tiene sanciones de Estados Unidos.

Meses atrás, Porras despidió y luego solicitó una orden de aprehensión contra Juan Francisco Sandoval, el principal fiscal anticorrupción del país. La orden de aprehensión se dio luego de que Harris pidiera expresamente a Giammattei que Sandoval se quedara en el cargo y el secretario de Estado, Antony Blinken, otorgara a Sandoval un reconocimiento por sus esfuerzos anticorrupción.

“Estados Unidos perdió su capacidad de influencia en la región”, dijo Claudia Escobar, una exjueza guatemalteca que ahora enseña en la Universidad George Mason en Washington.

Ni el despacho de Giammattei ni el de Porras respondieron a solicitudes de entrevista.

Hasta ahora, el gobierno de Biden en gran medida se ha abstenido de emplear en Centroamérica las sanciones económicas que Trump utilizó ampliamente, aunque con pocos resultados, en las vecinas Cuba y Venezuela. Desde que Biden asumió el poder, solo siete funcionarios centroamericanos y sus asociados han sido penalizados con la llamada Ley Global Magnitsky, que permite al gobierno de Estados Unidos congelar y expropiar los activos de extranjeros acusados de violar los derechos humanos, según el Departamento de Estado.

El gobierno de Biden también ha evitado en general castigar a las economías centroamericanas o a las grandes empresas cercanas a los gobiernos autoritarios de la región, una medida que los críticos dicen refleja el miedo de la Casa Blanca de desestabilizar las economías regionales y desencadenar un mayor flujo migratorio.

Otra herramienta creada por el gobierno de Biden para defender el Estado de derecho en Centroamérica, la Fuerza de Tarea de Anticorrupción del Departamento de Justicia, no ha emitido ninguna condena desde su formación hace un año.

En defensa de su estrategia, los funcionarios estadounidenses mencionan a Honduras, cuyos ciudadanos votaron en contra del gobierno corrupto y autoritario de Juan Orlando Hernández el año pasado. En abril, Hernández fue extraditado a Nueva York esposado para enfrentar acusaciones relacionadas con el narcotráfico, un recuerdo, dicen los funcionarios estadounidenses, del amplio alcance de la justicia de Estados Unidos.

Su sucesora, Xiomara Castro, ha detenido los peores abusos del poder de Hernández aunque hasta ahora ella tampoco ha logrado cumplir con su promesa de campaña de enfrentar la corrupción y ampliar el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, tales transferencias democráticas de poder siguen siendo huidizas en otros países centroamericanos clave. Bukele sigue siendo muy popular. Ortega ha encarcelado o exiliado a todos los líderes de oposición y en Guatemala la oposición sigue demasiado fragmentada como para representar un desafío serio a la coalición de Giammattei en las elecciones previstas para el próximo año.

“Estados Unidos no nos va a salvar la vida”, dijo Jordán Rodas, quien fuera ombudsman de derechos humanos en Guatemala y quien abandonó el país horas antes del final de su mandato en agosto. “Pero puede tener un papel importante al ayudar a garantizar elecciones transparentes que nos den una oportunidad de elegir el cambio”.

Anatoly Kurmanaev y Jody García reportaron desde Washington y Ciudad de Guatemala. Bryan Avelar y Yubelka Mendoza colaboraron desde Ciudad de México, David Bolaños desde San José, Costa Rica, y Joan Suazo desde Tegucigalpa, Honduras.